El peso laboral de “causas” que derivan a la Justicia. (Por Victoria Eugenia Guisado Gómez).

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Cuando se produce un conflicto de intereses, toda persona puede recurrir a la Justicia. Se puede, y se debe, ensalzar que es igual para todos y que su valor no puede perder legitimidad social.

Recurren a ella las empresas cuando defienden sus parcelas de interés, y ahora, están creciendo en gran medida las “causas políticas” que se ven en manos de la Justicia. Esta tendencia, a nivel personal, me preocupa y explico el porqué.

Cuando el país está tratando de emprender, de asentarse en los puestos de trabajo que desaparecen con gran rapidez, y se buscan vías para fomentar la empleabilidad; muchos asuntos laborales acaban en manos de la Justicia como resultado final. Esto significa que en las etapas anteriores e intermedias no se es efectivo.

A todos los niveles, la Justicia no puede ser “la solución de las soluciones”, cuando se tiene por medio a personas que deben de asumir sus responsabilidades en campos tan importantes como el laboral. El paro es una de las mayores preocupaciones a nivel social y centrarse en ello riñe con sacar balones fuera y que decidan los jueces. Ellos no están para hacer el trabajo que no realizan otros.

El entramado es total y las querellas partidistas crecen y crecen, cuando la población se ve sin presupuestos definidos a tiempo. Esto frena la evolución económica, y con ella la laboral.

Si yo fuese jueza, en cierto modo me plantearía renunciar a dar pie a casos que deben ser trabajados por los responsables, y no convertir a la Justicia en una disputa de intereses partidistas. 

Existen múltiples organismos de mediación que no son tomados todo lo en serio que se debiera.

El mercado laboral necesita pautas claras, sencillas, estables y con crédito.

No se puede depender de intereses partidistas de ninguna índole. A este respecto, reflexiono y considero que con el berenjenal que hay hoy en día, bien estaría que los Jueces pusieran freno a esta situación que no conduce a nada bueno. La ineficacia se ve mostrada cuando la población, en su gran mayoría, no prospera.

Por ejemplo, se deberían estudiar sistemas que migraran gremios obsoletos o menos necesarios, a otros más modernos y más demandados; y esto hacerlo informando, de forma controlada, progresiva a corto plazo y de cara a toda la Sociedad. Todo ello con datos de necesidades reales y ecológicas como nuevas tendencias, estadísticas que se puedan conocer y evaluar en los hogares, y con fuentes fidedignas y compartidas, provenientes del Estado como organismo de mediación.

Está muy bien el libre mercado, pero creo que hace mucha falta, centralizar aspectos y hacerlos públicos; para luego subdividirlos en Comunidades Autónomas, y más allá, Provincia a Provincia. Que todos conozcamos el panorama laboral vía online para poder optar a los trabajos necesarios.

Creo, sinceramente, que hablar a la población, mostrar la transparencia de la que tanto se habla y ponerla al alcance de la ciudadanía, sería el paso para trabajar todos juntos en base a ello. No con el cuenta gotas que se acostumbra a practicar. La educación laboral es muy necesaria.

Además, si ahora gobierna este o el otro, o el de más allá, no debería de afectar en deterioro de la población; sino que debería de hallarse la vía común para la mejora de situación de empleo siempre. Esto solo es posible si todos conocemos la hoja de ruta y si existen planes, que como indico, hagan migrar a los profesionales con seguridad estatal; y no saltando al vacío en un mercado laboral que sustentan de forma insegura.

No hablo de hacerse Funcionario, no. Hablo de que se gestione el mercado privado, que por ejemplo se unifiquen todas las ofertas laborales por obligación en el organismo estatal de empleo; y que de ahí, se distribuyan a las empresas de contratación privadas buscando apoyos.

Compartir es vivir, y vivir con un trabajo es un Derecho de todos; por lo que es de sentido común que se confíe menos en el libre albedrío, y se gestione el mercado laboral con mayor eficacia.

Conocer las necesidades reales en el país, descritas por el Estado en todo lo posible, no es incompatible con el libre mercado laboral.